Las empresas componen uno de los ejes clave del ecosistema para el desarrollo socioeconómico. Su contribución depende de la naturaleza de la empresa y la voluntad, esfuerzo y compromiso de las personas que la forman. Los gobiernos deben definir políticas que ayuden a contar con una cartera adecuada de tipologías de empresa que contribuyan a ese desarrollo socioeconómico. La sociedad necesita empresas exitosas y que contribuyan a su desarrollo y cohesión social, al igual que las empresas necesitan una sociedad equilibrada y cohesionada.
El papel que ejercen las empresas como elemento de desarrollo socioeconómico de un territorio es una realidad sobre la que considero que a día de hoy cualquier persona que se anime a leer este artículo coincidiría. En el contexto actual de creciente velocidad de transformación de la economía y de las necesidades sociales, con un incremento global de las desigualdades sociales, las empresas componen uno de los ejes clave del ecosistema para el desarrollo socioeconómico. La aportación de las empresas se materializa en forma de riqueza y empleo (y, en consecuencia, en la capacidad de gasto, bienestar de las personas y en su desarrollo), en la generación de impuestos que se revierten a la comunidad, en el desarrollo de una oferta de servicios y productos que satisfacen las necesidades de la sociedad, y por consiguiente en la cohesión social.
Los gobiernos son conscientes de la relevancia de contar con un entorno empresarial adecuado como palanca de desarrollo territorial, y realizan una apuesta por determinados sectores de actividad del territorio a través de sus políticas de promoción empresarial, de forma consciente o implícita. Por ejemplo, a través de la política clúster, a través de la estrategia de promoción de sectores como las biociencias o las TIC, mediante el impulso de la sofisticación de sectores básicos como la sanidad, el transporte, la energía o la educación, etc.
Por otro lado, y puede que de forma menos evidente, definen políticas diferenciadas que promueven una cartera de empresas de diversa tipología; empresas que varían en la forma societaria (sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades laborales, cooperativas, etc.), en sus fines (empresas con ánimo de lucro, centros especiales de empleo, empresas de inserción, etc.), en su dimensión (microempresas, pymes, grandes empresas), en su nivel de internacionalización (empresas que operan en el mercado local e internacionalizadas), en su origen (empresas locales y filiales de empresas del exterior) o en la fase de ciclo de vida en que se encuentran (startups, empresas en fase de crecimiento, empresas maduras).
Cualquier tipo de empresa realiza una aportación significativa al desarrollo socioeconómico del territorio, pero la naturaleza de cada empresa determina en gran medida en qué elementos de desarrollo socioeconómico se centra su contribución.
Así, las grandes empresas aportan en general mejores niveles de rentabilidad, y permiten disponer de mayores salarios promedio para las y los trabajadores y un mayor reparto de rentas a sus accionistas. No obstante, la generación de riqueza en las grandes empresas suele ir asociada a importantes diferencias en la distribución de la renta, a excepción de aquellas que adoptan modelos equitativos de participación en resultados. A modo de ejemplo extremo, cabe señalar el caso de Apple publicado por la revista Boston Review. En 2017, Apple facturó 229.000 millones de dólares, con un beneficio de 48.000 millones, de los cuales el 80% se distribuyeron entre el 10% de los accionistas, compuesto por personas con muy alta renta, un 10% entre el 80% restante de accionistas y un 7% entre los propios trabajadores y trabajadoras de la empresa, proveedores y la comunidad local a través de impuestos u otras acciones de desarrollo local.
En comparación con las grandes empresas, las pymes aportan en proporción mayores ingresos a la Administración Pública a través de la recaudación del impuesto de sociedades, con un tipo impositivo efectivo sobre el beneficio superior al de las grandes empresas (18,8% y 7,9% respectivamente, según la Agencia Tributaria1). No obstante, en términos absolutos las empresas de gran tamaño generan una mayor recaudación, ya que producen un volumen conjunto de actividad superior.
Por su parte, modelos participativos como las cooperativas y sociedades laborales destacan por otro tipo de beneficios para la sociedad: generan empleo local, tienen un mayor arraigo al territorio frente al riesgo de deslocalización de las empresas de capital convencional, presentan menor destrucción de puestos de trabajo en épocas de crisis, distribuyen rentas de forma más equitativa, y aportan mayores grados de democracia y participación de las personas trabajadoras en la gestión, de lo que se deriva un mayor desarrollo personal de los y las trabajadoras que se corresponsabilizan del futuro de la empresa.
Otra realidad más particular y quizás menos conocida es la de los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, que realizan una aportación marcadamente diferencial al desarrollo socioeconómico, a través de la integración laboral de colectivos con dificultades de acceso al mercado de trabajo ordinario. En concreto, en Euskadi los centros especiales de empleo de iniciativa social generan cerca de 8.000 empleos para personas con discapacidad, con especial atención a aquellas con mayores dificultades de empleabilidad, y las empresas de inserción emplean a 700 personas con itinerarios adaptados, con el fin último de hacer posible su inclusión en el mercado laboral ordinario.
Tanto las empresas de modelos participativos como las orientadas a la empleabilidad contribuyen además a divulgar valores clave en la sociedad, como la igualdad de oportunidades, la democracia, la cooperación, la solidaridad y el humanismo, entre otros. Estas contribuciones claramente pueden darse en empresas con otras formas mercantiles, aunque con dificultad podrán ser íntegramente atribuibles a estas empresas de forma general.
Los casos mencionados representan diferentes puntos de equilibrio entre la cohesión social y la generación de riqueza. Otro punto de equilibrio, más reciente como campo de estudio (aunque no tanto como realidad) es el concepto de la estrategia de valor compartido. Esta estrategia persigue definir líneas que simultáneamente incrementan la competitividad de la empresa y ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales en la comunidad o territorio donde opera.
Michael E. Porter y Mark R. Kramer2, consideran que “si todas las empresas persiguieran individualmente un valor compartido, conectado con sus propios negocios, los intereses generales de la sociedad serían atendidos”. Así defienden que “el concepto de valor compartido ofrece a las empresas la oportunidad de utilizar sus habilidades, recursos, capacidad de gestión para liderar el proceso social “.
Cabe reseñar en este punto que, en cualquier caso, el tipo de aportación al desarrollo socioeconómico no solo depende de su naturaleza, sino de las “formas de hacer” de cada empresa. Expresado con mayor precisión, la aportación es resultado de la voluntad y del esfuerzo y compromiso de las personas que componen la empresa.
Los gobiernos deben ser conscientes de todo lo anterior para definir, en coherencia con la estrategia de desarrollo territorial y los objetivos prioritarios, una cartera adecuada de tipologías de empresas. Aterrizando esta idea con algunos ejemplos, si lo que se desea es aumentar la igualdad, las cooperativas y sociedades laborales aportan una distribución equitativa de la renta a través de escalas salariales reducidas, la participación de las y los socios en los beneficios de la empresa y una vocación de solidaridad intergeneracional. Si la prioridad es el empleo, podemos promover, entre otros, el emprendimiento en modelos empresariales difícilmente deslocalizables. Si se desea disminuir la exclusión laboral y social, los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción son una herramienta de valor irrefutable para generar igualdad de oportunidades y calidad de vida de las personas en riesgo de exclusión. Y si la prioridad es combatir el problema del desempleo, las grandes empresas se convierten en aliadas muy adecuadas para generar un volumen suficiente de puestos de trabajo.
En la práctica, crear una cartera equilibrada resulta una tarea compleja. Una parte de la dificultad recae en que las competencias sobre las distintas tipologías de empresa generalmente se encuentran distribuidas en varios departamentos del gobierno. Este hecho genera que las experiencias y perspectivas de cada departamento sobre “la empresa”, y la prioridad estratégica sobre la que giran las políticas de cada departamento sean muy diversas. Parece que en todos los gobiernos existe margen de mejora en la transversalidad de las políticas de promoción socioeconómica. Por otro lado, la complejidad de la política de promoción empresarial y de la propia gestión de las empresas en ocasiones dificulta mirar más allá de los retos más acuciantes a corto plazo, principalmente en un contexto de incertidumbre con nuevos retos diarios por abordar. Asimismo, la sociedad posee en general conocimiento insuficiente sobre la contribución de las empresas al desarrollo socioeconómico y mucho menos sobre las aportaciones diferenciales de cada tipo de empresa.
Por otro lado, podríamos argumentar que apostar por una cartera compuesta por diversas tipologías de empresas es solo un punto de partida de una transformación más profunda. Los gobiernos tienen la oportunidad y la llave para promover que las empresas desarrollen de forma progresiva las virtudes que tradicionalmente han correspondido a otro tipo de empresas, y avancen así hacia un mejor equilibrio entre las diversas facetas del desarrollo socioeconómico.
Al mismo tiempo, se requiere necesariamente del compromiso de cada empresa para impulsar la centralidad de las personas, para generar empleo de calidad y desarrollar el talento de las personas de la organización, el compromiso por construir organizaciones democráticas donde se fomente la igualdad y la intercooperación, el compromiso con la comunidad, a través del arraigo, distribución de la riqueza, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de proyectos que perduren en condiciones óptimas para las próximas generaciones, y el compromiso indudable de garantizar y mejorar su competitividad.
De nuevo, imagino que el lector o la lectora coincidirá en que la sociedad necesita empresas exitosas y que contribuyan a su desarrollo y cohesión social, al igual que las empresas necesitan una sociedad equilibrada y cohesionada.
1 Agencia Tributaria, (Dato 2016) Cuentas anuales consolidadas del Impuesto sobre Sociedades por dimensión de empresa.
2 Porter, M.E. y Kramer, M.R. (2011) Creating shared value. Harvard Business Review.
