Moción de Censura: una oportunidad para construir

Hace unos pocos días asistíamos al éxito de la moción de censura contra el Presidente del Gobierno español, que concluía con la investidura de Pedro Sánchez como nuevo Presidente. La implacable sentencia del caso Gürtel transformaba el escenario político con una urgente necesidad de regeneración que penalice de forma drástica la podredumbre del sistema basado en la corrupción.

En un pacto inverosímil, fuerzas de distintas sensibilidades políticas se han unido con el objetivo de cerrar esa etapa y abrir un nuevo marco para la dignidad política. Pocas veces hemos asistido (y casi diría  que no hay ningún ejemplo similar en el mundo) a la exposición de un  candidato que aspira a presidir un gobierno con tan poco contenido programático, sin una orientación en materia territorial, política o social, dispuesto a gestionar unos presupuestos que había votado rechazado, etc.

No obstante, con independencia de la valoración política que se pueda realizar de este proceso, creo que debemos verlo desde Euskadi como un momento de oportunidad para avanzar en el modelo de competitividad de nuestro País. Es evidente que la configuración de acuerdos políticos estables será complicada, pero vale la pena aprovechar el período que se abre para establecer un camino que potencie la recuperación económica en ciernes y profundice en la confección de políticas más avanzadas de generación de riqueza y reducción de desigualdades sociales.

Creo que debemos movilizar al nuevo gobierno a dialogar en torno a las reivindicaciones de Catalunya y Euskadi en favor del derecho a decidir. Dejar que sean las y los ciudadanos de las dos nacionalidades quienes definan su marco de desarrollo nacional. En nuestro caso, a partir del cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika,  que inexplicablemente sigue sin completarse en todo este largo espacio de tiempo transcurrido desde su aprobación, y siguiendo por el respeto al resultado del proceso de la ponencia de autogobierno que realiza sus labores en el Parlamento Vasco.

En mi opinión, profundizar en nuestra capacidad de autogobierno para articular políticas de desarrollo económico y social, es una pieza clave en el avance socio-económico del País. Debemos recordar que Euskadi es uno de los países con menor nivel de desigualdad social de la Unión Europea, tiene uno de los índices más elevados de Desarrollo Humano, dispone de una de las tasas más elevadas de economía social en el mundo, etc.  La voluntad de decidir nuestro propio destino tiene mucho que ver con lo político, pero tiene una profunda esencia social de mejora del bienestar colectivo.

Uno de los déficits relevantes en la gestión pública realizada por el Gobierno español (no es exclusivo de los gobiernos de Mariano Rajoy) es la inexistencia de una apuesta por el desarrollo de la industria como motor de transformación y desarrollo económico. La excesiva vinculación de las políticas económicas con el turismo, la construcción, las finanzas, etc., ha derivado en una escasa preocupación por definir una política industrial que genere riqueza, fortalezca la creación de empleo y contribuya a la mejora de la investigación y desarrollo en todo el estado.

Necesitamos que el gobierno resultante de este proceso incorpore como una de sus prioridades formular una política industrial que favorezca el ecosistema industrial. La creciente competitividad internacional, la incorporación de nuevas tecnologías, la generación de modelos de negocio innovadores, etc., nos obligan a reorientar las políticas públicas de desarrollo de capacidades en nuestro entorno industrial. 

Considero imprescindible aprovechar este período para revisar en profundidad algunas medidas que, en mi opinión, han generado un retroceso social que cuestiona la solidaridad y la justicia social en el Estado. Aunque personalmente soy partidario de trasladar su competencia a nuestras instituciones, creo que habría que empezar por aprovechar el margen que nos deja el acuerdo sobre la subida de las pensiones aprobado en los últimos presupuestos e impulsar una negociación que refuerce el sistema en el marco del Pacto de Toledo con el objetivo de dotarnos de un sistema de pensiones dignas para la ciudadanía, sostenible en el tiempo.

Es un buen momento para realizar una revisión en profundidad de la reforma laboral, promoviendo un empleo de calidad, la búsqueda de mecanismos para la incorporación a la empresa de jóvenes y colectivos desfavorecidos, para asegurar un adecuado reparto de rentas, desarrollar mecanismos de igualdad para hombres y mujeres en las empresas y promover el desarrollo del talento en todo el sistema económico. La mejor política social es la generación de oportunidades de empleo para la ciudadanía, por lo que debemos mejorar el marco legislativo y las condiciones para la empleabilidad.

El nuevo gobierno debería aprovechar para realizar una prueba a nivel estatal sobre el establecimiento de una RGI, imitando la implantada en Euskadi hace décadas, pero buscando adaptarla a las cambiantes condiciones de empleabilidad de la población. Coincido con el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz en este tema cuando afirma que “la renta de garantía de ingresos debe tener un carácter temporal, que venga acompañada de mecanismos de empleabilidad para los receptores, evitando que se convierta en un factor desmotivador de la inserción laboral a través del trabajo”.

Necesitamos abrir un nuevo escenario de diálogo, de búsqueda de acuerdos que incidan en la capacidad de generar empresas competitivas en el entorno internacional y, poniendo a la persona en el centro de la ecuación, avanzar en el anhelo de construir una sociedad más justa y solidaria.

Puede seguir el artículo en El Economista.

 

Sabin Azua

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